En un estudio publicado por The Economist Intelligence Unit (The EIU) con el respaldo de UNOPS, se analizan las repercusiones de la crisis de la COVID-19 y la oportunidad que representa para replantear la gestión de las adquisiciones públicas.

El presente ensayo da continuación al reciente informe de The EIU, respaldado por UNOPS, “El futuro del gasto público: por qué nuestros gastos son decisivos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, y destaca la importancia de contar con un gasto público eficaz y sostenible a medida que los países vuelven a abrir sus fronteras e inician su recuperación y su reconstrucción.

«La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto problemas muy arraigados en las prácticas en materia de adquisiciones públicas. Nuestra investigación demostró que, a pesar de imponer todos estos desafíos, la pandemia también presenta una oportunidad única de adoptar prácticas nuevas de adquisiciones que conduzcan a mayores beneficios en materia de desarrollo en el futuro», afirma Jeremy Kingsley, Editor Sénior en The EIU.

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto problemas muy arraigados en las prácticas en materia de adquisiciones públicas. Nuestra investigación demostró que, a pesar de imponer todos estos desafíos, la pandemia también presenta una oportunidad única de adoptar prácticas nuevas de adquisiciones que conduzcan a mayores beneficios en materia de desarrollo en el futuro».Grete Faremo – Directora Ejecutiva de UNOPS

La crisis de la COVID-19 ha alterado gravemente las cadenas de suministro en todo el mundo y ha expuesto prácticas indeseables como la manipulación de precios de productos básicos. 

«Los precios de determinados artículos se han multiplicado por veinte, lo que equivale a un incremento del 2.000%. Este incremento dificulta el acceso a dichos suministros a los países de ingresos medios y bajos en comparación con países más ricos», señala en el informe Vinay Sharma, Director de Soluciones e Innovación en Adquisiciones en el Departamento de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial.

A pesar de ello, la crisis ha propiciado respuestas rápidas e innovadoras y ha fomentado asociaciones nuevas y valiosas entre los sectores público y privado.

Las investigaciones muestran que para apoyar a negocios locales y preservar puestos de trabajo, los Gobiernos en todo el mundo están dejando a un lado las normas tradicionales sobre el gasto público e implementando procesos flexibles de adquisiciones que permitan la rapidez y apertura de los contratos a nuevos actores, en particular a pequeñas y medianas empresas. Las investigaciones sugieren que implementar estas prácticas de manera correcta podría aportar una innovación positiva que se extienda más allá de la pandemia.

«Las adquisiciones públicas constituyen una poderosa herramienta al alcance de los Gobiernos para influir en la economía y reforzar la sociedad», declara Helena Fonseca, Especialista en Gestión Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Secretaria Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

En el ensayo, el panel de expertos señala que se prevé que el desempleo alcance niveles sin precedentes. Por este motivo, la necesidad de elaborar políticas inclusivas en materia de gasto público que contribuyan activamente a una participación más amplia y diversa en los contratos públicos ha adquirido más importancia que nunca. Esta transformación de las adquisiciones podría lograrse en parte gracias a la transición hacia servicios digitales más abiertos, en línea e inclusivos.

«Los países que pudieron actuar rápidamente ante la crisis fueron aquellos que estaban reformando las adquisiciones y empleaban datos abiertos de calidad. Fueron capaces de adaptarse con mayor rapidez», afirma Gavin Hayman, Director Ejecutivo de la Open Contracting Partnership, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las contrataciones de los Gobiernos a nivel mundial.

El informe concluye afirmando que lograr la eficiencia y la relación calidad-coste ahora garantizará una mayor disponibilidad de fondos públicos para los Gobiernos cuando tengan que enfrentarse al próximo gran desafío: la transición hacia una economía con bajos niveles de carbono y la aceleración del progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.